La Corte Constitucional ordenó medidas urgentes para atender los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes del pueblo wayuu en La Guajira, tras una inspección judicial realizada en cuatro municipios del departamento.
La decisión, emitida el 23 de septiembre por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, establece acciones para Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, donde el tribunal identificó problemas en la prestación de servicios de salud.
Entre los hallazgos aparece la fragmentación de las afiliaciones a distintas EPS dentro de una misma comunidad, situación que, según la Corte, dificulta el seguimiento de menores diagnosticados con desnutrición aguda, infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda.
Cifras del Instituto Nacional de Salud citadas por el alto tribunal registran 49 muertes de menores de cinco años asociadas a estas causas durante 2026. Anas Wayuu EPSI reportó 17 casos; Dusakawi EPSI, 13; CCF EPS Familiar de Colombia, ocho; Nueva EPS subsidiado, cuatro; Cajacopi, tres, y otras entidades sumaron un caso cada una.
La Corte también encontró dificultades para llevar atención médica a comunidades rurales dispersas. La baja frecuencia de las brigadas, las condiciones de las vías y la inoperancia de algunos centros asistenciales limitan el acceso a los servicios.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue la situación de salud mental reportada en Maicao. Durante la inspección, la Sala recibió denuncias sobre afectaciones psicosociales y posibles suicidios de menores en La Pista, Cantawamana y Majayupana.
Ante este panorama, el Ministerio de Salud deberá activar, en un plazo máximo de ocho días hábiles, una respuesta psicosocial de urgencia para niños, adolescentes y familias de Cantawamana y Majayupana.
Además, las autoridades sanitarias y las EPS deberán identificar comunidades sin atención y comenzar, en 30 días, brigadas médicas en al menos 15 comunidades dispersas por cada municipio, para un mínimo inicial de 60. En seis meses deberán estructurar un esquema que garantice al menos una visita médica mensual a cada comunidad incluida.
La Corte también ordenó crear un mecanismo conjunto para hacer seguimiento individual y territorial a los menores en riesgo. La Registraduría, el ICBF y la Alcaldía de Maicao deberán realizar una jornada especial de identificación y registro civil en La Pista.
El tribunal recordó que la falta de documento de identidad no puede impedir el acceso de los menores a servicios médicos, de urgencias o atención psicosocial.
Finalmente, ordenó al Ministerio del Interior traducir la decisión al wayuunaiki y pidió a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Superintendencia Nacional de Salud vigilar el cumplimiento de las medidas.
