La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció sobre la discusión alrededor de la reducción del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sostuvo que garantizar su funcionamiento hace parte de las obligaciones constitucionales del Estado.
“Garantizar el funcionamiento adecuado de la Jurisdicción Especial para la Paz @JEP_Colombia es una obligación constitucional”, precisó.
A través de su cuenta de X, Marín señaló que el Acto Legislativo 01 de 2017 estableció la JEP como una garantía para los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los firmantes del Acuerdo de Paz.
La defensora también citó el Acto Legislativo 02 de 2017, que establece la obligación estatal de cumplir de buena fe el Acuerdo Final de Paz, y sostuvo que ese compromiso tiene implicaciones presupuestales.
“La decisión política de oponerse a la JEP no puede estar por encima de la Constitución. Gobierno y Congreso, como todas las instituciones del Estado, tienen el deber de habilitar, de buena fe, las condiciones para que la JEP pueda operar”, afirmó.
Su pronunciamiento se produce después de que el senador Enrique Gómez Martínez propusiera trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura para destinarlos a la creación de nuevos despachos o la formalización de cargos en la Rama Judicial.
La JEP rechazó la propuesta y advirtió que el recorte afectaría su funcionamiento, entre ellos los recursos destinados a la protección de víctimas, testigos e intervinientes. El tribunal también anunció que pondrá la situación en conocimiento de organismos internacionales.
