La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la forma en que el Gobierno Nacional presentó los resultados de la Operación Azarías, adelantada en el departamento del Guaviare contra estructuras armadas de alias Iván Mordisco.
La funcionaria rechazó que los cadáveres de las personas fallecidas durante el operativo hayan quedado expuestos como parte de un anuncio oficial. “No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública”, afirmó.
Según el reporte oficial, la ofensiva militar dejó 23 integrantes de la estructura armada sin vida, entre ellos mandos de la organización. Medicina Legal confirmó que dos de las víctimas eran menores de edad.
Marín Ortiz insistió en que el poder estatal no se sustenta solamente en la capacidad de imponerse por la fuerza. Para la jefa del Ministerio Público, los símbolos y las imágenes que una institución pública difunde también definen su legitimidad ante la ciudadanía.
La Defensoría planteó además que existe un portal, no confirmado como oficial, denominado “Las Bajas del Tigre”, donde se contabilizan muertes y resultados operacionales desde la posesión del actual mandatario. La entidad pidió cautela frente a ese tipo de conteos, recordando que la antigua política de bajas en combate derivó en el crimen sistemático conocido como falsos positivos, hoy juzgado por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Iris Marín Ortiz propuso medir la seguridad con parámetros distintos, centrados en derechos garantizados y vidas salvadas, particularmente las de la población civil afectada por grupos criminales.
La Defensora reconoció el deber constitucional de enfrentar a los grupos armados ilegales y proteger a los habitantes del territorio nacional. Sin embargo, advirtió que ese deber debe cumplirse dentro de los límites que imponen la Constitución, el derecho internacional humanitario y la dignidad humana, incluso frente a los adversarios del Estado.
