Un billón y medio de pesos adeudan las entidades oficiales del país a las comercializadoras de energía, según el corte de julio de 2026 de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).
Ese hueco financiero golpea con particular dureza a operadoras del Caribe como Air-e y Afinia, y fue el telón de fondo del llamado que hizo el procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco, durante el congreso de Asobancaria.
El jefe del Ministerio Público dirigió su advertencia a mandatarios municipales, gobernaciones y responsables de hospitales, colegios y demás entidades públicas territoriales, quienes “tiene la obligación legal de pagar el consumo de energía eléctrica”. A renglón seguido remató: “Eso no es gratis”.
Como muestra de que el organismo de control pasó de la advertencia a la acción, Eljach Pacheco reveló que durante la semana que termina se abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde del municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca, por una deuda acumulada de 70.000 millones de pesos en energía. El procurador anticipó que otros expedientes similares avanzan en distintas regiones.
Estas actuaciones atacan uno de los tres frentes que identificó el funcionario en la crisis energética.
Los otros dos corresponden al problema de caja y deuda del nivel central, y a la capacidad de generación, especialmente la de origen hídrico ante el fenómeno de El Niño.
El Gobierno Nacional ya trasladó cerca de un billón y medio de pesos para reducir la deuda por subsidios con las empresas del sector, detalló el procurador.
Esa medida surgió del encuentro que reunió en Bogotá a la ministra de Minas y Energía, a los representantes de Air-e y Afinia, a usuarios, académicos y expertos.
