La magistrada de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, defendió su actuación en el proceso que adelanta contra la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y rechazó que existan irregularidades en las decisiones que ha tomado dentro del expediente.
Frente a los señalamientos que ha recibido, Lombana afirmó que su actuación en el caso de Peralta fue avalada por jueces constitucionales y se ajustó a la ley. “No hay allí irregularidad alguna”, sostuvo la magistrada, quien aseguró que sus decisiones pueden ser examinadas desde el punto de vista técnico.
Lombana también se refirió a los cuestionamientos que, según dijo, ha recibido durante su permanencia en la Sala Especial de Instrucción, cuyo periodo constitucional está próximo a terminar.
Afirmó que en distintas ocasiones esos ataques estuvieron relacionados con intentos de apartarla de expedientes que estaban bajo su responsabilidad.
“Han sido, en no pocas ocasiones, artimañas dirigidas a separarme de expedientes que habían trascendido la opinión pública. Expedientes sensibles, expedientes que incomodan, expedientes que posiblemente tocaban intereses que preferían permanecer en la oscuridad. No me ha correspondido ceder ante eso y no he cedido”, afirmó.
Sin mencionar nombres, sostuvo que cuatro de los cinco magistrados hombres que integran la Sala han votado de manera reiterada para promover su apartamiento de procesos que instruía.
El pronunciamiento se produjo después de que se conociera un documento fechado el 27 de julio y dirigido a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación. La comunicación fue suscrita por los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos.
En el documento, los cuatro magistrados remitieron a esas autoridades un memorial presentado el 7 de julio por el abogado Marlon Fernando Díaz Ortega, defensor de Peralta, dentro del radicado 1316. Según la comunicación, el escrito plantea posibles situaciones que pudieron afectar el derecho de defensa y las garantías del debido proceso, además de cuestionamientos sobre el ejercicio de competencias coercitivas dentro de la actuación penal.
