El Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en 15 departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto, mediante el Decreto 1261, firmado el 19 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella y la totalidad de su gabinete ministerial.
Dicha medida rige por 30 días calendario y cobija a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.
El texto señala que la magnitud de los daños desborda la capacidad de respuesta de las herramientas legales existentes en materia presupuestal, contractual, crediticia y tributaria, lo que justifica la expedición de decretos legislativos adicionales para conjurar la crisis.
Según cifras del Reporte Situacional No. 36 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, citadas en el decreto con corte preliminar al 19 de agosto, el sismo afectó de manera directa a 471 municipios y dejó 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y 262 desaparecidas.
El reporte contabiliza además 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados y daños en 3.470 centros educativos y 352 centros de salud. El documento precisa que estas cifras son preliminares y pueden aumentar a medida que avancen las inspecciones técnicas.
Entre los mecanismos que el Gobierno anunció que desarrollará mediante decretos legislativos figuran subsidios de vivienda, líneas de crédito para microempresas, alivios tributarios, la creación de fondos especiales y medidas para garantizar la continuidad de los servicios de salud, educación y justicia en las zonas afectadas.
