La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que padecía hemofilia y falleció en febrero de este año, llegará a una nueva etapa judicial. La Fiscalía General de la Nación programó para el próximo lunes 24 de agosto una audiencia en la que imputará por homicidio culposo a cuatro funcionarios que estuvieron vinculados a la Nueva EPS.
Entre los investigados está Luis Óscar Galves Mateus, quien ejercía como interventor de la entidad. También fueron citados Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional, además de Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
La investigación está relacionada con las circunstancias que rodearon la atención del menor, quien, de acuerdo con la información suministrada, no recibía sus medicamentos desde hacía dos meses antes de su fallecimiento.
El caso de Kevin tomó relevancia nacional después de que su madre denunciara que la falta del medicamento había sido determinante en la muerte del niño.
En ese sentido, la familia rechazó que la caída de una bicicleta fuera la causa del fallecimiento y sostuvo que Kevin murió por no recibir oportunamente el tratamiento para su hemofilia.
La Procuraduría había establecido previamente que Nueva EPS no garantizó la entrega oportuna de Emicizumab, medicamento que Kevin necesitaba para tratar su enfermedad.
Según esa reconstrucción, Medicarte suspendió la entrega del medicamento a sus pacientes debido a las deudas de Nueva EPS, mientras que la IPS Integral tampoco pudo asumir la atención de esos usuarios por la falta de recursos.
