La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de los extintos bloques Sur y Oriental de las Farc-EP. La decisión los señala como máximos responsables de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos, tortura y violencia sexual.
Entre los imputados figuran cuatro exintegrantes del último Secretariado: Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko; Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada; Jaime Alberto Parra, conocido como Mauricio Jaramillo; y Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez. Los 23 restantes ejercieron mando sobre las tropas de ambos bloques.
Es la primera vez que la justicia colombiana atribuye responsabilidades individuales por estos hechos. En la justicia ordinaria, el 97 % de esos crímenes no llegó a juicio y cerca del 90 % de las investigaciones no superó la etapa preliminar.
La decisión responde a 2.436 víctimas acreditadas en el proceso. Entre ellas hay campesinos, docentes, líderes comunales, comunidades de fe, mujeres y víctimas militares y policiales.
La Sala agrupó los hechos en tres patrones. El primero cubre los crímenes cometidos durante las hostilidades, incluidas las tomas de Mitú y Miraflores. El segundo, con el mayor número de víctimas, aborda el control violento sobre territorios y pobladores: el desplazamiento forzado aparece como el crimen más recurrente, con 807 registros, seguido del homicidio con 284 y las desapariciones con 231.
El tercer patrón recoge los ataques en las ciudades. Allí se documentan el atentado al Club El Nogal, los rockets contra el Palacio de Nariño durante la posesión de Álvaro Uribe Vélez en 2002, la casa bomba de Neiva y los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado y del profesor Jesús Antonio Bejarano.
La decisión incluye además la primera imputación conjunta con el Caso 11, que aborda la violencia sexual cometida contra civiles.
Los comparecientes tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos. Si aceptan, enfrentarán una audiencia pública y sanciones restaurativas sin cárcel. Si los niegan, sus casos pasarían a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
