El Ministerio del Trabajo y las entidades que integran el Sector Trabajo radicaron este lunes ante la Procuraduría General de la Nación el informe consolidado de empalme, luego de que el proceso de transición con el gobierno entrante no lograra concretarse.
La cartera laboral sustentó la actuación en la ley 951 de 2005 y en el deber constitucional de asegurar la transparencia, la continuidad de la función pública y el acceso a la información institucional.
Según el comunicado oficial, el Gobierno Nacional manifestó en repetidas ocasiones su disposición para adelantar el empalme con el equipo que llega al poder. Al no materializarse ese ejercicio, el sector optó por trasladar toda la documentación al Ministerio Público, encargado de la vigilancia preventiva sobre la administración estatal.
El informe reúne el balance del cuatrienio en materia de ejecución de políticas públicas, estado de los programas estratégicos, situación presupuestal y financiera, además de los procesos contractuales, judiciales y administrativos. También detalla los retos que deberá asumir el sector laboral en los próximos años.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que la radicación confirma el compromiso gubernamental con la transparencia y la institucionalidad.
“Desde el primer día manifestamos nuestra voluntad de realizar un empalme amplio, técnico, transparente y respetuoso con el Gobierno entrante. Al no concretarse ese ejercicio, hoy entregamos oficialmente toda la información del Sector Trabajo a la Procuraduría General de la Nación para que quede en custodia de los organismos de control y del país. Cumplimos con nuestro deber constitucional y con la responsabilidad de garantizar que la gestión pública quede plenamente documentada y disponible para quien deba ejercerla”, expresó el jefe de la cartera.
El reporte cubre la administración del Ministerio del Trabajo, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, la Superintendencia del Subsidio Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), entre otras entidades del sector.
