Los senadores del Centro Democrático Juan Espinal y Óscar Villamizar enviaron una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella Otero, y a la ministra designada de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, en la que piden activar de manera urgente el desarrollo comercial de los Yacimientos No Convencionales (YNC) mediante fracturamiento hidráulico, con el fin de fortalecer la seguridad energética del país.
Los congresistas sostienen que Colombia lleva 16 años construyendo el marco normativo que habilita esta técnica, y que el actual Gobierno Nacional no solo frenó ese proceso, sino que expuso la fragilidad del sistema eléctrico, con racionamientos y encarecimiento de tarifas. Citan que las reservas de gas cuentan con apenas 5,9 años de vida, tras una caída del 54,6% desde 2018.
La misiva argumenta que la base legal para el fracking no requiere construirse, pues ya existe: el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución MinMinas 90341 de 2014 fueron demandados ante el Consejo de Estado y ratificados en su legalidad mediante sentencia del 7 de julio de 2022, tras un litigio de más de seis años.
Según los remitentes, esa decisión judicial confirmó que las normas constituyen un reglamento técnico válido del Ministerio de Minas y Energía, suficiente para autorizar la técnica sin necesidad de un peldaño normativo adicional. Los senadores también señalan que los proyectos piloto creados por el Decreto 328 de 2020 respondieron a una decisión de política pública de un Gobierno anterior, no a una condición legal de habilitación.
La carta cita el Informe de Recursos y Reservas 2025 del Ministerio de Minas y Energía y la ANH, que reporta una caída del 16,8% en las reservas probadas de gas natural frente a 2024 y de 1.358 millones de barriles de recursos contingentes bloqueados por contingencias ambientales y sociales, de un total de 2.404 millones.
Los senadores recomiendan reconocer en el primer paquete normativo del nuevo Gobierno que el marco vigente habilita la contratación directa de YNC y sugieren derogar el Decreto 328 de 2020 para evitar interpretaciones que reintroduzcan exigencias adicionales.
