Fecode rechaza redistribución obligatoria de docentes entre IPS del modelo de salud

La federación pidió a Fiduprevisora suspender preventivamente el traslado porcentual de afiliados y exigió garantías de continuidad.  
2 horas atrás
Foto: Fecode

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) manifestó su oposición a la redistribución obligatoria y porcentual de afiliados entre dos IPS primarias del modelo de salud del magisterio, y solicitó a Fiduprevisora, administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), suspender preventivamente la medida mientras no se garantice la libre elección de los docentes. 

A través de dos comunicaciones dirigidas al vicepresidente del Fomag, Hermán Bayona, la organización sindical precisó que no rechaza la pluralidad de prestadores ni la incorporación de una segunda IPS, pues reconoce que la ampliación de la red puede fortalecer la oportunidad y la capacidad de atención. Su objeción apunta al traslado unilateral de un porcentaje de la población desde la IPS que venía atendiendo a la totalidad de los afiliados hacia un segundo prestador, sin elección previa, sin metodología pública, sin ajuste por riesgo y sin salvaguardas de continuidad. 

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La federación advirtió que una redistribución de esa naturaleza puede interrumpir tratamientos de pacientes crónicos, fraccionar núcleos familiares, generar doble capitación y afectar el acceso a los servicios, por lo que exigió que cualquier asignación excepcional sea objetiva, reversible y sometida a auditoría. 

Entre las solicitudes concretas, Fecode pidió a Fiduprevisora entregar los estudios técnicos que sustentan la medida, informar si el Consejo Directivo del Fomag la aprobó, convocar una mesa técnica nacional con participación del magisterio y establecer una fase piloto antes de cualquier traslado amplio. 

La organización también cuestionó la convocatoria para contratar los servicios integrales de salud mental de los docentes, al señalar que varias instituciones oferentes no recibieron respuesta sobre los resultados del proceso, y advirtió que, de persistir la implementación sin garantías, acudirá a las acciones administrativas y judiciales procedentes. 

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