Pagos indebidos con recursos del magisterio: Contraloría halla detrimento fiscal por $176.795 millones

La auditoría al fondo del magisterio para 2025 arrojó diez hallazgos fiscales, doce disciplinarios y uno con presunta incidencia penal.
1 hora atrás

La Contraloría General de la República determinó hallazgos con incidencia fiscal por $176.795 millones en la auditoría financiera que practicó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) para la vigencia 2025, por pagos indebidos de servicios médico-asistenciales represados, sanciones y prestaciones sin el cumplimiento de requisitos legales.

La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte adelantó el ejercicio auditor, que además arrojó doce hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con posible alcance penal.

El hallazgo de mayor cuantía correspondió al pago indebido de servicios médico-asistenciales represados e intereses a la Unión Temporal Medisalud, operadora de la Región 4 (Boyacá, Casanare y Meta), y a la UT Redvital, de la Región 8 (Antioquia y Chocó), por $133.255 millones. El organismo precisó que esa erogación estaba bajo la responsabilidad de los operadores salientes y entrantes, según las cláusulas de los contratos.

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El ente de control no feneció la cuenta del fondo para la vigencia 2025, como consecuencia de la subestimación del pasivo en $598.363 millones por la inadecuada reclasificación contable de obligaciones de sanción por mora.

La auditoría también evidenció que la Fiduprevisora pagó a docentes pensionados la prima de mitad de año sin los requisitos constitucionales y legales, o en contra de decisiones judiciales ejecutoriadas que habían negado ese derecho, con un detrimento al erario de $27.982 millones. A ello se suman mesadas giradas después del fallecimiento de maestros y beneficiarios por $419 millones.

Ante la persistencia de fallas advertidas en auditorías anteriores, el organismo reiteró el llamado a la Fiduprevisora, administradora del Fomag, y a las entidades territoriales para que adopten mecanismos que corrijan esas situaciones y protejan el patrimonio público.