La Contraloría General de la República informó que una auditoría financiera a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) identificó un presunto detrimento patrimonial por $33.009 millones, originado en irregularidades relacionadas con bienes entregados sin soportes, mercancías no ubicadas físicamente y la ausencia de registros contables.
El organismo de control explicó que la revisión correspondió a la vigencia 2025 y encontró deficiencias en la calidad y confiabilidad de la información contable.
Entre los hallazgos figura la falta de reconocimiento de recursos entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) bajo la modalidad de donaciones, situación que dio lugar a tres hallazgos, uno de ellos con incidencia fiscal por $33.009.669.360.
La auditoría también evidenció una baja ejecución del presupuesto de la entidad. De acuerdo con el informe, la Unidad para las Víctimas contó con una apropiación vigente de $4,43 billones, mientras que las obligaciones llegaron a $2,23 billones, equivalentes al 50,36 % del total. Ese comportamiento generó rezagos cercanos a $2 billones.
Según la Contraloría, las acciones adelantadas por la entidad para impulsar la ejecución presupuestal y el cumplimiento de sus compromisos no lograron alcanzar los objetivos previstos, lo que afectó las metas institucionales definidas para esa vigencia.
Como resultado del proceso auditor, el ente de control consolidó 23 hallazgos administrativos.
De ese total, 18 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno presenta incidencia fiscal, uno dio lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio, otro será trasladado a la DIAN y dos corresponden a solicitudes de apertura de indagación preliminar.
