El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, presentar una solicitud formal ante el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para que ejerza vigilancia preventiva sobre varios procesos contractuales que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP). La administración entrante considera que estas actuaciones involucran asuntos sensibles para la seguridad del Estado, la protección de derechos fundamentales y el manejo de recursos públicos.
La principal petición se concentra en el proceso de selección abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los 78.000 millones de pesos y busca contratar el servicio de escoltas para los esquemas de protección del presidente que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y de los integrantes del nuevo gabinete. Según el comunicado, el Gobierno electo considera necesario revisar los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones de quienes asumirían esa responsabilidad antes de que el contrato sea adjudicado.
Rodrigo Lara explicó que la solicitud también incluye el proceso mediante el cual la UNP prevé vincular más de 5.100 oficiales de protección en provisionalidad, pese a que, según la comunicación oficial, únicamente cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos. El equipo del presidente electo pidió al Ministerio Público verificar la legalidad y conveniencia de esa actuación administrativa.
La tercera solicitud corresponde al proceso SC-UNP-050-2026, destinado a la adquisición de 188 botes y 264 motores fuera de borda para 29 municipios de nueve departamentos. El Gobierno electo solicitó revisar la planeación del contrato, los tiempos de ejecución, las especificaciones técnicas, el cumplimiento de las normas de seguridad y las condiciones de pluralidad de oferentes para garantizar transparencia en la contratación.
Adicionalmente, la comunicación remitida a la Procuraduría pide ejercer vigilancia preventiva sobre seis procesos de contratación iniciados durante julio de 2026 para adquirir bienes destinados a medidas colectivas de protección en favor de resguardos indígenas. El documento sostiene que la revisión busca verificar la necesidad de esos contratos, sus estudios previos y el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, selección objetiva y protección del patrimonio público. Finalmente, el Gobierno electo afirmó que la intervención preventiva pretende fortalecer la confianza institucional y garantizar que todas las decisiones se ajusten a la Constitución y la ley.
