El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, rechazó los cuestionamientos formulados por el comité de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre el convenio suscrito entre la entidad y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El funcionario defendió la legalidad del mecanismo y afirmó que los señalamientos ponen en riesgo el proceso de entrega de predios a familias campesinas.
Harman realizó su pronunciamiento desde la finca La Primavera, donde, según indicó, hace más de 15 días un grupo de paramilitares ingresó al predio y amordazó a campesinos beneficiarios de la reforma agraria. En ese contexto, sostuvo que la principal gestión de la ANT ha consistido en recuperar tierras para destinarlas a la población rural.
“Si hay una actuación de la que me siento profundamente orgulloso enfrente de la Agencia Nacional de Tierras es de quitarle tierra a la mafia y entregárselo a los campesinos del país”, manifestó.
El director de la ANT explicó que el convenio con la SAE cuenta con revisiones jurídicas y fiscales, además de las garantías constitucionales y legales necesarias para su ejecución. Agregó que los recursos entregados a esa entidad funcionan como un fondo de garantías para responder ante eventuales decisiones judiciales, con el propósito de proteger la permanencia de los campesinos en los predios adjudicados.
A juicio del funcionario, las críticas al convenio buscan revertir el proceso de recuperación de tierras. “Hoy, con este manto de duda lo que se está buscando abiertamente y de manera regresiva es devolverle la tierra a la mafia”, afirmó.
Harman también pidió al nuevo Gobierno Nacional fijar una posición frente al futuro del convenio y del programa de reforma agraria. “¿Realmente le quieren devolver la tierra a la mafia? ¿Realmente quieren deshacer el sinnúmero de compromisos en el que nosotros recuperamos los activos de los traquetos de este país?”, expresó.
Finalmente, aseguró que la ANT continuará defendiendo el convenio y acompañando a las comunidades campesinas beneficiarias de la reforma agraria, al considerar que los ataques contra ese mecanismo afectan a quienes recibieron tierras mediante ese proceso.
