El municipio de Tierralta, en el sur de Córdoba, se prepara para recibir un tercer proceso de desarme en su historia reciente, esta vez con integrantes del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), sin que las comunidades cuenten con garantías claras de no repetición.
Así lo advirtió Andrés Chica Durango, coordinador general de la Fundación Social Cordoberxia.
El territorio ya atravesó dos procesos similares: el primero con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2002 y 2006, y el segundo con el Frente 58 y 18 de las extintas FARC-EP, entre 2016 y 2017.
Chica Durango señaló que la historia pesa sobre lo que podría ocurrir tras el 25 de junio, fecha prevista para el ingreso de combatientes a la zona de ubicación temporal del corregimiento de Palmira.
La fundación, que lidera el Observatorio de Derechos Humanos del Sur de Córdoba y la Red de Observatorios del Caribe colombiano, documentó en una visita reciente comunidades silenciadas, liderazgos cooptados y un desplazamiento que Chica Durango describió como “a cuentagotas” y en aumento.
Denuncias formales por intimidación fueron radicadas ante la Fiscalía General de la Nación en Tierralta y Puerto Libertador.
El dirigente cuestionó bajo qué condiciones llegarían los combatientes al territorio: “seguramente serán personas en armas que han estado haciendo un proceso al servicio de las estructuras de esta estructura ilegal y sus rentas ilícitas”, afirmó.
Cordoberxia exigió al presidente Gustavo Petro, al gobernador Erasmo Zuleta Bechara y al alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, respuestas concretas antes de que el proceso avance sin un enfoque integral de derechos humanos.
