El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, anunció que esa entidad instaurará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra aproximadamente 168 actores vinculados a una red que habría desfalcado recursos del sistema de salud colombiano, no solo mediante pagos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), sino también a través de otros dineros que ingresan al sistema.
Según Mejía, los recursos fueron desviados de manera masiva mediante un esquema de triangulación financiera hacia fiducias de inversión, esquema en el que estarían involucradas al menos dos o tres entidades financieras que habrían facilitado un mecanismo para ocultar pasivos de Empresas Promotoras de Salud (EPS) y utilizar de manera irregular fondos públicos.
El funcionario también alertó sobre la magnitud de un problema adicional dentro del sistema: la radicación de 45 millones de facturas ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). “45 millones de facturas que vuelven a meter en ADRES, Ministro. 45, nosotros nos asustamos con las cinco millones de facturas de nueve EPS. Pues van 45 millones a ADRES otra vez a reclamar dineros cuando son facturas sin sustento”, advirtió Mejía.
El director de la UIAF detalló los hallazgos de la investigación: 83 profesionales de la contaduría que actuaban como contadores y revisores fiscales dentro del entramado, 17 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) con vínculos societarios y beneficiarios finales, 25 personas naturales que fungían como representantes legales y miembros de juntas directivas, y 43 personas jurídicas sobre las cuales ya se realizaron los respectivos análisis.
Mejía precisó que algunas cuentas utilizadas en el esquema son inembargables y fueron empleadas como apalancamiento de créditos públicos, aunque evitó mencionar el nombre de las entidades financieras involucradas “para no generar ningún ruido que pueda afectar la salud financiera del país.”
