El Fondo para la Reparación de las Víctimas confirmó que Córdoba y Antioquia concentran gran parte de los inmuebles administrados por la entidad para financiar indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.
Álvaro Pineda, asesor del Fondo adscrito a la Unidad para las Víctimas, informó durante el Foro Empresarial para la Reparación de las Víctimas que actualmente la entidad administra 444 bienes en Córdoba y 1.583 en Antioquia.
Los activos hacen parte de los mecanismos utilizados para obtener recursos destinados a reparación económica de víctimas reconocidas judicialmente.
La Unidad para las Víctimas señaló que la monetización de esos bienes constituye una de las principales fuentes de financiación para avanzar en indemnizaciones pendientes. Córdoba figura entre los territorios más afectados por el conflicto armado y concentra parte importante de los predios vinculados a procesos de reparación.
La entidad también confirmó trabajo articulado con la Agencia Nacional de Tierras dentro de acciones relacionadas con reforma agraria impulsadas por el Gobierno Nacional. Según explicó Pineda, algunos inmuebles administrados por el Fondo son entregados a la ANT, que posteriormente transfiere recursos utilizados para indemnizar víctimas.
El presupuesto preliminar regionalizado para Córdoba en 2026 contempla una asignación de $255.070 millones dirigidos a programas de asistencia, atención y reparación integral para víctimas del conflicto armado.
El documento oficial establece que $80.001 millones se destinarían a reparación y más de $57 mil millones corresponderían a indemnizaciones.
La Unidad para las Víctimas tendría una participación de $93.131 millones dentro de esa proyección presupuestal, mientras que la Unidad de Restitución de Tierras contaría con $12.471 millones para procesos relacionados con restitución y protección de predios en el departamento.
El Fondo para la Reparación indicó que mantiene estrategias orientadas a fortalecer la monetización de activos y ampliar recursos para responder a víctimas reconocidas judicialmente en Colombia.
