La República Bolivariana de Venezuela puso en marcha de manera formal un proceso integral y ordenado de reestructuración de su deuda pública externa y de la petrolera estatal PDVSA, según un comunicado emitido por la Vicepresidencia Sectorial de Economía del Gobierno Nacional.
El anuncio plantea como objetivo central poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de deuda acumulada durante años. El Ejecutivo venezolano sostiene que la medida busca garantizar el futuro de la nación bajo principios de prosperidad, justicia e igualdad, en lo que califica como un nuevo capítulo para las finanzas públicas del país caribeño.
En el documento, el Gobierno Nacional reivindica el historial de cumplimiento financiero de Venezuela. Sostiene que durante años el país demostró solvencia y atendió a cabalidad sus obligaciones internacionales, hasta que esa capacidad de pago se vio bloqueada a partir de 2017 como consecuencia de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y otros actores internacionales.
El comunicado también dimensiona el impacto del bloqueo al acceso de Venezuela a los mercados financieros. La Vicepresidencia Sectorial de Economía reconoce que el país perdió capacidad para invertir en áreas sensibles como salud, electricidad, agua, educación, infraestructura y recuperación del aparato productivo, lo que afectó directamente el bienestar de la población, generando la salida de más de 8 millones de venezolanos del país, convirténdose así en la diáspora más grande que se haya registrado en América latina.
El Gobierno presenta la reestructuración como una herramienta para revertir ese deterioro y recomponer la relación de Venezuela con sus acreedores internacionales.
El comunicado, sin embargo, no precisa montos globales de la deuda en proceso de renegociación, no detalla el cronograma del plan ni identifica a los acreedores incluidos en esta primera fase. Tampoco menciona los mecanismos legales que serán utilizados frente a las sanciones vigentes, un elemento clave dado que muchas operaciones financieras con entidades venezolanas continúan restringidas por las medidas coercitivas aplicadas por Washington desde hace casi una década.
