La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el general en retiro Rodolfo Bautista Palomino López, por el delito de tráfico de influencias de servidor público, con una pena de siete años de prisión, multa de 174,9976 salarios mínimos e inhabilitación para ejercer funciones públicas por nueve años. La Corte también le negó la prisión domiciliaria.
Una reunión que Palomino López, entonces director de la Policía Nacional, sostuvo en la residencia de una fiscal para pedirle que detuviera la captura del ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo, a quien calificó de persona “muy influyente”. Gallo Restrepo era uno de los 14 investigados en una operación contra el Fondo Ganadero de Córdoba.
Lo que Palomino López no calculó fue que la fiscal grabó la conversación con su celular. La Sala de Casación Penal le dio pleno valor probatorio a ese registro y descartó los argumentos de la defensa, que alegó, entre otros, la prescripción del delito. Para la Corte, la acción no estaba prescrita y la grabación resultó determinante para confirmar la responsabilidad del exfuncionario.
En el fallo, la Corte calificó la conducta de Palomino López como una “inaceptable desviación de poder”, agravada precisamente por la investidura que ostentaba. Llegar a la casa de una fiscal a pedirle que paralizara una investigación, señaló la Sala, no es una conducta inherente al cargo, sino un abuso directo de la autoridad.
La Corte también reveló que Palomino López aprovechó su posición para acceder a detalles de una investigación vinculada a un sistemático despojo de tierras en perjuicio de campesinos del Urabá Antioqueño.
La condena, impuesta inicialmente por la Sala Especial de Primera Instancia en noviembre de 2024 y ahora ratificada en segunda instancia, consolida un precedente, en Colombia, la jerarquía no exime la responsabilidad penal.
