Un fiscal delegado de la Fiscalía General de la Nación encendió las alarmas en la Corte Constitucional este lunes al presentar evidencia de presuntas maniobras fraudulentas con los recursos del sistema de salud colombiano, en el marco de una audiencia pública sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), informó Blu Radio.
Jorge Alberto Giraldo, fiscal delegado, detalló ante los magistrados que a lo largo de la última década se han detectado flujos de dinero provenientes del sector salud destinados a propósitos ajenos a la atención médica. Además, señaló que ciertas entidades habrían manipulado sus registros financieros para esquivar controles regulatorios, evitar sanciones y aparentar solidez económica suficiente para mantenerse dentro del sistema.
Uno de los hallazgos más graves involucra la existencia de Instituciones Prestadoras de Salud que operarían como pantallas comerciales. Según Giraldo, estas estructuras participarían en un entramado de contrataciones cruzadas para extraer recursos de las aseguradoras mediante reclamaciones fraudulentas, en lo que describió como un verdadero carrusel de dineros públicos.
El fiscal también expuso que algunos actores del sistema habrían falsificado registros clínicos para cobrar por procedimientos excluidos del plan de beneficios, y que otros lograron acceder a contratos sin contar con las instalaciones ni el músculo financiero necesarios para cumplir con los servicios prometidos.
Ante ese panorama, Giraldo instó a los organismos técnicos presentes a fortalecer los procesos de verificación de la información, más allá de la simple recopilación de cifras. Para el fiscal, ese paso es indispensable para establecer si la UPC vigente alcanza realmente para financiar una atención en salud digna y sostenible en el país.
La intervención de la Fiscalía puso sobre la mesa del alto tribunal una dimensión penal del debate sobre los recursos del sistema, que va más allá de la discusión técnica sobre los montos de la UPC.
