La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General asumieron las investigaciones por las graves irregularidades registradas en la cárcel de Itagüí, donde integrantes de una mesa de negociación sociojurídica recibieron visitas no autorizadas de civiles, alimentos y otros elementos al interior del penal.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, confirmó el inicio de los procesos disciplinarios y penales durante una rueda de prensa en el Congreso.
El funcionario advirtió que además la Procuraduría podría asumir competencia prevalente sobre todos los expedientes disciplinarios abiertos, con la posibilidad de decretar suspensiones provisionales contra los implicados.
Entre las primeras medidas adoptadas, el Gobierno Nacional removió al director y al comandante de guardia de la cárcel de Itagüí, e inició procesos disciplinarios contra varios dragoneantes de la guardia penitenciaria.
La Fiscalía, por su parte, investiga el origen de los recursos con los que se financió el episodio, además de determinar la responsabilidad de funcionarios y civiles presentes en el lugar.
Uno de los hallazgos de las autoridades reveló que el vehículo que ingresó al penal no era oficial: pertenecía a un dragoneante del INPEC a título personal, dato que modificó la línea inicial de la investigación.
Cuervo Restrepo reconoció que los hechos “fueron más allá” de un abuso en el régimen de visitas ordinarias, luego de que nuevos videos evidenciaran el ingreso de personas y vehículos sin autorización.
El Gobierno Nacional suspendió los diálogos con las bandas involucradas y condicionó su reanudación al establecimiento de garantías estrictas.
El ministro anunció que comparecerá ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en respuesta a la citación del representante Hernán Cadavid, para rendir las explicaciones del caso.
