La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó de oficio una actuación disciplinaria contra los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo del caso UNGRD, tras conocerse a través de los medios de comunicación que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla González quedó en libertad por vencimiento de términos, al parecer por demoras en la radicación del escrito de acusación.
La decisión busca establecer si la tardanza en presentar ese documento constituye o no una falta disciplinaria por parte de los fiscales responsables de la investigación. Dada la calidad y jerarquía de los funcionarios involucrados, la Comisión asumió directamente las averiguaciones, sin delegarlas en otra instancia.
El organismo de control judicial tomó la determinación de oficio, es decir, sin que mediara denuncia o queja previa, a partir de la información difundida públicamente sobre la liberación del exministro el pasado martes 7 de abril.
La liberación de Bonilla se produjo luego de que la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Isabel Álvarez Fernández determinara que desde la imputación de cargos, ocurrida el 1 de diciembre de 2025, habían transcurrido más de 120 días sin que la Fiscalía General de la Nación radicara la acusación dentro del plazo legal que establece el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. El escrito fue presentado durante la propia audiencia de solicitud de libertad, lo que resultó insuficiente para subsanar el vencimiento.
Bonilla permanece vinculado al proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), junto al exministro del Interior Luis Fernando Velasco Chaves. La audiencia de formulación de acusación quedó fijada para el 29 de abril ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
