El presidente colombiano Gustavo Petro encendió una nueva controversia diplomática en X al calificar el sistema penitenciario salvadoreño como un crimen contra la humanidad, a lo que el mandatario Nayib Bukele respondió con una propuesta que busca poner en evidencia al gobierno colombiano.
El jefe de Estado colombiano afirmó en su cuenta oficial de X que las cárceles de El Salvador, donde según él hay “personas inocentes”, son “campos de concentración de población civil”.
Sus declaraciones estuvieron respaldadas en un informe periodístico según el cual más de 33.000 detenidos, lo que representa el 36% del total, no estaban registrados previamente en bases policiales como miembros de pandillas.
Para el mandatario colombiano, esa política del gobierno del presidente salvadoreño es “terrorismo” que “sirve para conseguir apoyo popular ignorante”, mientras que “siguen los ciclos de venganza y más muertes”.
Petro también estableció una comparación entre la situación en El Salvador y los “falsos positivos” ocurridos en Colombia, y señaló que el encarcelamiento masivo de jóvenes inocentes equivale a “matarlos en vida”.
La respuesta de Bukele no tardó. El presidente salvadoreño ofreció trasladar el “100% de su población carcelaria” a Colombia, incluyendo “los llamados presos políticos y cualquier otro caso” que el gobierno colombiano considere que vulnera su política del “amor y la vida”.
La condición que impuso fue que deben ser todos, porque si realmente se trata de campos de concentración, sería inadmisible que quedara siquiera “un solo detenido” bajo custodia salvadoreña.
Bukele vinculó la oferta a un antecedente previo: en diciembre de 2025 había hecho una propuesta similar a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton, tras sus críticas al sistema carcelario salvadoreño, aunque nunca recibió respuesta.
El trasfondo del debate tiene cifras concretas. El régimen de excepción, implementado para combatir a las pandillas salvadoreñas, cumplió el pasado 27 de marzo cuatro años de vigencia, entre el respaldo por la reducción histórica de homicidios y las denuncias de violaciones a derechos humanos y muertes en cárceles.
La ONG Socorro Jurídico Humanitario denunció que la cifra de personas fallecidas en las cárceles de El Salvador bajo el régimen de excepción se elevó al menos a 512.
Este es el capítulo más reciente de una confrontación que ambos mandatarios han sostenido de forma recurrente en X desde 2023, siempre con las políticas de seguridad y el modelo de encarcelamiento masivo como eje del enfrentamiento.
