La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó este lunes que Ricardo Roa Barragán se ausente de la presidencia de la compañía durante casi tres meses, en una decisión que llega en medio de una tormenta judicial, sindical y política sin precedentes en la historia reciente de la petrolera estatal.
Roa tomará vacaciones desde este 7 de abril hasta el 27 de mayo, y a partir del 28 de mayo comenzará una licencia no remunerada de 30 días calendario. Según cálculos de Semana, su eventual regreso sería el 21 de junio, si decide volver.
La salida ocurre cinco días antes de que la Fiscalía prevea presentar una segunda imputación en su contra, esta vez por presunta violación de topes electorales como gerente de la campaña Petro 2022.
El 11 de marzo ya había sido imputado por tráfico de influencias, relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá avaluado en $2.727 millones y adquirido, según la Fiscalía, a un precio inferior mediante un intermediario con intereses en contratos de Ecopetrol.
A esos dos procesos penales se suman cinco investigaciones disciplinarias, una sanción del Consejo Nacional Electoral por $5.300 millones en aportes irregulares de campaña, y un deterioro financiero que redujo las utilidades de la empresa en un 73% entre 2022 y 2025, al pasar de $33,4 billones a $9 billones.
El timing de la ausencia también genera preguntas sobre los contratos. El presidente Gustavo Petro afirmó públicamente que la presión para sacar a Roa responde a intereses de sectores privados sobre licitaciones de petróleo y gas por cerca de $20 billones próximas a adjudicarse. Con Roa fuera, esas decisiones quedarían en manos del presidente encargado.
Ese encargo recae en Juan Carlos Hurtado Parra, Vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos desde noviembre de 2025, con 28 años de trayectoria en el sector y formación en ingeniería eléctrica y administración de negocios en petróleo y gas internacional.
La Junta llegó a esta decisión tras al menos cuatro sesiones sin acuerdo, presión abierta de la Unión Sindical Obrera que amenazó con huelga nacional y abucheos de accionistas minoritarios en la Asamblea General del 28 de marzo.
El regreso de Roa, si ocurre, coincidiría además con la recta final de la campaña presidencial de 2026, lo que convierte su caso en un factor político de primer orden.
