La Junta Directiva de Ecopetrol revisó las solicitudes de remoción de Ricardo Roa como presidente de la compañía, presentadas tanto por accionistas minoritarios como por la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato que agrupa a los trabajadores de la petrolera. Sin embargo, el órgano directivo no adoptó ninguna determinación sobre su continuidad al frente de la empresa.
Lo único que la Junta comunicó fue un “seguimiento continuo” a los distintos “trámites” que pesan sobre Roa y sobre Ecopetrol, sin precisar plazos ni condiciones para una eventual decisión.
La USO venía exigiendo la salida del directivo tras la imputación que la Fiscalía General de la Nación le formuló por tráfico de influencias, relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá con un descuento que el ente acusador califica de contraprestación por favores contractuales dentro de la compañía. El sindicato llegó a advertir que convocaría una huelga nacional si Roa permanecía en el cargo.
Los accionistas minoritarios, por su parte, también habían alzado la voz ante las implicaciones que el proceso judicial podría tener sobre el gobierno corporativo de Ecopetrol, empresa que cotiza en las bolsas de Bogotá y Nueva York.
Pese a las presiones desde distintos frentes, la Junta optó por no actuar de fondo y limitó su pronunciamiento a un compromiso de monitoreo. La decisión deja a Roa en su cargo mientras los procesos legales y administrativos siguen su curso, en un momento en que la acción de Ecopetrol acumula una valorización impulsada por el alza internacional del petróleo.
