En medio del operativo desplegado en Norte de Santander por el ingreso irregular de venezolanos durante la jornada electoral, las autoridades capturaron al hijo de un importante contratista de la Alcaldía de Cúcuta. La detención ocurrió en el marco de los controles de cuidado del voto activados desde tempranas horas de este domingo.
El presidente Gustavo Petro calificó los hechos como un fraude a escala en Norte de Santander y exigió que el Ministerio de Defensa asumiera el control de la situación. El jefe de Estado también llamó al alcalde de Cúcuta a actuar de inmediato y pidió investigar a la empresa propietaria de los cerca de 60 buses retenidos por trasladar masivamente votantes desde Venezuela.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, respondió directamente al presidente a través de redes sociales e informó que desde las 7:00 de la mañana se activó el PMU en Norte de Santander y se desplegaron todas las capacidades interinstitucionales.
Según su reporte, las personas se dispersaron y en el sector de Santa Cecilia, donde cruzaban el río en planchón, ya no quedaba nadie. Las autoridades iniciaron la consolidación de pruebas contra la empresa de transporte, la publicidad política hallada y las personas identificadas durante el operativo.
El ministro Sánchez advirtió que los hechos podrían configurar dos delitos electorales: trashumancia electoral y constreñimiento al elector. Las fronteras con Venezuela permanecen cerradas desde las 6:00 p.m. del sábado hasta las 6:00 a.m. del lunes, conforme al Decreto 0188 de 2026. Quien reporte información relevante puede comunicarse a la línea 157 o al PMU de Norte de Santander.
Las fronteras terrestres y fluviales con Venezuela permanecen cerradas desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo, conforme al Decreto 0188 de 2026. El ingreso por pasos no autorizados constituye una violación directa a esa medida.
La captura del hijo del contratista municipal refuerza las sospechas sobre vínculos entre estructuras cercanas a la institucionalidad local y el presunto plan de movilización ilegal de votantes. La Fiscalía y Migración Colombia avanzan en la consolidación de pruebas.
