La agencia de promoción de inversión ProMontería le solicitó al Ministerio de Agricultura suspender temporalmente el proceso de consulta pública sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Córdoba, debido a que 13 de los 17 municipios incluidos en el proyecto se encuentran bajo Estado de Emergencia.
La directora ejecutiva de ProMontería, Angélica Benedetti Chica, argumentó que la emergencia declarada mediante el Decreto 0150 de 2026 compromete seriamente la posibilidad de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la participación ciudadana.
El 6 de febrero de 2026, el Ministerio publicó el proyecto de acto administrativo que contempla la designación de 670.075 hectáreas como zona de protección alimentaria en 17 municipios: Montería, Ayapel, Buenavista, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Purísima, Sahagún, San Antero, San Carlos y San Pelayo.
El término establecido para la recolección de observaciones ciudadanas culmina el próximo 21 de febrero de 2026.
De los 17 municipios comprendidos en el proyecto, 13 se encuentran directamente afectados por la emergencia: Ayapel, Buenavista, Cereté, Ciénaga de Oro, La Apartada, Lorica, Montelíbano, Montería, Pueblo Nuevo, Purísima, San Antero, San Carlos y San Pelayo.
Benedetti explicó que las comunidades, autoridades locales, gremios productores, organizaciones sociales y demás actores territoriales de los municipios afectados se encuentran concentrados en la atención de situaciones de riesgo vital inmediato, evacuación de poblaciones vulnerables, restablecimiento de servicios esenciales, protección de activos productivos en riesgo y coordinación de acciones de respuesta humanitaria.
“Esta realidad operativa impide materialmente que los actores territoriales puedan acceder de manera adecuada a la información técnica, socializar y discutir dicha información, y con ello realizar análisis informados sobre los impactos de las restricciones de uso del suelo propuestas”, señaló la funcionaria.
La solicitud está fundamentada en la jurisprudencia constitucional, específicamente en la sentencia T-413 de 2021, que establece que el derecho a la participación no se satisface con la mera habilitación formal de espacios o plazos, sino que exige garantías materiales.
Desde una perspectiva de coordinación intergubernamental, ProMontería advirtió que proceder con la adopción de determinantes de ordenamiento territorial en medio de una emergencia declarada plantea tensiones con el principio constitucional de coordinación y concurrencia entre la Nación y las entidades territoriales consagrado en el artículo 288 de la Constitución Política.
ProMontería solicitó que el término de participación ciudadana se reinicie transcurridos 60 días calendario contados a partir de la fecha en que la UNGRD certifique oficialmente la superación de la fase crítica de emergencia y el restablecimiento de condiciones de normalidad en los municipios afectados.
Igualmente solicitó que el nuevo proceso participativo incluya mecanismos adicionales de socialización presencial en los municipios comprendidos en el proyecto, tales como audiencias públicas territoriales o sesiones técnicas con autoridades locales.
