El régimen venezolano informó este lunes sobre la excarcelación de 116 personas detenidas por motivos políticos, cifra que ha generado fuertes cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y angustia entre familiares que permanecen frente a las cárceles sin recibir información clara.
Según un comunicado del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, las liberaciones se realizaron “en las últimas horas” y tras el bombardeo estadounidense a Caracas y la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
El documento oficial señala que “estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”.
Falta de transparencia alimenta la desconfianza
Sin embargo, el anuncio oficial de 116 medidas de gracia contrasta con la lentitud real del proceso y con la histórica falta de concordancia entre el Gobierno y las organizaciones de derechos humanos en relación con las cifras.
La ONG Foro Penal, referente en la documentación de detenciones arbitrarias en Venezuela, únicamente ha podido verificar la liberación de 41 personas desde que iniciaron las excarcelaciones.
Durante la madrugada del lunes confirmaron 24 nuevos casos, incluyendo dos ciudadanos italianos y un hispano-venezolano, todos procedentes de los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo I en Caracas.
La experiencia de años anteriores ha dejado una profunda desconfianza hacia los comunicados del régimen, especialmente cuando no vienen acompañados de listas completas ni garantías de no repetición, señalan organizaciones defensoras de derechos humanos.
Angustia de los familiares
Los familiares se reunieron en la entrada de El Helicoide y otros recintos penitenciarios para denunciar que aún no han recibido información oficial clara sobre quiénes y cuántos presos políticos serán liberados. “No sabemos nada”, expresaron manifestantes acompañados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Decenas de familias pasaron la noche del domingo frente a varios centros de reclusión esperando noticias. Colectivos como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos advirtieron sobre la incertidumbre y la falta de información clara durante el proceso.
Entre los casos confirmados figuran la activista Rocío San Miguel, el exdiputado Enrique Márquez, el periodista Biagio Pilieri. No obstante, familiares de los excarcelados denuncian que la mayoría recibe una libertad condicionada que les impide declarar públicamente sobre sus casos o salir del país sin autorización judicial.
El gobierno asegura que las liberaciones forman parte de una “revisión integral de causas” iniciada por Maduro y que ahora continúa bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez. El Ministerio prometió que “este procedimiento se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente”.
