El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha intensificado la represión contra ciudadanos que celebraron o comentaron sobre la captura de Nicolás Maduro, con al menos 15 arrestos reportados en la provincia de Chontales, según denunció el periodista nicaragüense Miguel Mendoza.
Mendoza informó a través de su cuenta en X que “la policía sandinista capturó al conocido periodista Oswaldo Rocha, bajo la acusación de comentar sobre la caída del ex dictador Nicolás Maduro Moros”.
La plataforma 100% Noticias reportó que “se han reportado secuestros de varias personas que realizaron publicaciones en redes sociales relacionadas con la captura de Maduro, en una nueva escalada represiva dirigida a silenciar cualquier manifestación de opinión o respaldo simbólico a los acontecimientos en Venezuela”.
Paralelamente, el diario La Prensa informó sobre órdenes del régimen para que trabajadores estatales divulguen en sus redes sociales mensajes de apoyo a Maduro y al chavismo, so pena de ser considerados “traidores”.
“El silencio en redes sociales… es un síntoma del traidor”, rezan algunos de los mensajes que circulan entre trabajadores estatales. Páginas oficialistas advirtieron que quienes no compartan publicaciones favorables serán considerados traidores, señalando que “dudar es traición”.
La campaña incluye la publicación obligatoria de imágenes de Maduro difundidas por redes oficialistas en estados de WhatsApp de docentes, empleados públicos y funcionarios municipales que deben replicar consignas de lealtad al chavismo.
Una publicación que firman la Juventud Sandinista y la Red de Comunicadores ataca a quienes celebraron la extracción de Maduro, acusándolos de aprovechar beneficios del gobierno sandinista mientras lo critican.
Tras los acontecimientos en Venezuela, la dictadura reforzó el control territorial con patrullajes policiales y militares conjuntos desde el 4 de enero, incluyendo vigilancia de la Fuerza Naval en las costas y despliegue de unidades de radar de la Fuerza Aérea.
El régimen mantiene activa su estructura de espionaje político en barrios e instituciones públicas, con instrucciones de vigilar comentarios y conductas de ciudadanos críticos.
