La Constitución Política de Colombia contempla una herramienta extraordinaria que el Gobierno de Gustavo Petro planea activar tras el rechazo de la reforma tributaria: la declaratoria de emergencia económica, una figura que concentra poderes legislativos en manos del Ejecutivo.
Esta medida solo puede aplicarse cuando aparecen hechos que perturben o amenacen perturbar de forma grave e inminente el orden económico y social del país, o cuando se presente una grave calamidad pública.
La norma establece que el presidente puede declarar el Estado de Emergencia por periodos de hasta 30 días cada uno. La suma total de estos lapsos no puede superar los 90 días dentro de un mismo año calendario.
Una vez activada esta figura, el mandatario adquiere la capacidad de expedir decretos con fuerza de ley. Estos deben estar firmados por todos los ministros del gabinete y su propósito debe limitarse exclusivamente a enfrentar la crisis y evitar que sus efectos se extiendan.
Entre las facultades más relevantes está la potestad de establecer nuevos tributos de manera transitoria o modificar los impuestos existentes. Esto significa que el presidente puede crear cargas fiscales sin necesidad de tramitarlas ante el Congreso de la República.
Los decretos expedidos bajo esta modalidad tienen carácter temporal y deben apuntar directamente a solucionar la situación que motivó la declaratoria.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno busca usar este mecanismo para cubrir el hueco fiscal de 16,3 billones de pesos que dejó el hundimiento de la reforma tributaria.
“Estamos terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica con la cual pretendemos equilibrar esos recursos a través de diferentes medidas”, expresó el funcionario.
El decreto podría quedar listo en las próximas horas o, a más tardar, el lunes de la semana entrante.
Precedentes históricos
Colombia ha utilizado la emergencia económica en circunstancias excepcionales como la pandemia de COVID-19 y algunos desastres naturales de gran magnitud.
Sin embargo, nunca se había activado como consecuencia de presentar un presupuesto sin financiación desde el inicio.
“Sería la única en donde vendría como resultado de la presentación de un proyecto desfinanciado para después decretarla. Eso es lo que no tiene presentación”, afirmó.
