La Defensoría del Pueblo expresó serias dudas sobre el rumbo de las negociaciones con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), tras conocerse información sobre posibles nexos entre integrantes de este grupo armado y funcionarios estatales.
La entidad dirigida por Iris Marín Ortiz emitió un pronunciamiento en el que solicita reflexionar sobre los fundamentos del proceso adelantado con las estructuras disidentes “Jorge Suárez Briceño”, “Comandante Gentil Duarte” y “Comandante Raúl Reyes”.
Entre las preocupaciones manifestadas figura el presunto aumento de combatientes del EMBF en regiones como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo, situación que contradice los compromisos formales asumidos en la mesa de diálogo.
La Defensoría urgió a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para que adelanten investigaciones con celeridad e independencia, informando avances con transparencia. Además, recomendó evaluar el retiro de quienes pudieran estar comprometidos en presuntos hechos de corrupción.
El organismo recordó que el mandatario posee facultades constitucionales para impulsar salidas negociadas al conflicto armado, pero debe evaluar integralmente tanto los acuerdos alcanzados como el comportamiento real de estos grupos. Citó el caso de Anorí en julio de 2024, donde alias “Calarcá Córdoba” utilizó la suspensión de órdenes de captura en circunstancias irregulares.
La entidad demandó la liberación inmediata, masiva e incondicional de niños, niñas y adolescentes reclutados, señalando que el sufrimiento de la población civil en zonas de influencia del EMBF no puede continuar mientras persisten incertidumbres sobre el compromiso real con la paz.
Finalmente, exigió implementar mecanismos sólidos de monitoreo y verificación de los acuerdos humanitarios para comprobar si los compromisos se traducen en hechos concretos.
