El Consejo de Estado confirmó la suspensión de las operaciones de los helipuertos turísticos ubicados en la zona de la Piedra del Peñol, tras concluir que el ruido constante de los helicópteros vulnera derechos colectivos fundamentales de los habitantes de Guatapé. La alta corte determinó que estas actividades afectan el ambiente sano, la tranquilidad, la intimidad y la seguridad de miles de residentes que viven cerca del corredor turístico.
La decisión, que ratifica un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, obliga a la suspensión inmediata del punto de aterrizaje conocido como *La Piedra* y al traslado del helipuerto ubicado en un hotel cercano, el cual deberá reubicarse en un plazo máximo de seis meses en un sitio que cumpla con los criterios del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Además, deberá contar con licencia de construcción y permiso expedido por la Aeronáutica Civil. Si las empresas operadoras no cumplen con este plazo, el helipuerto será clausurado definitivamente.
El fallo contiene órdenes estrictas dirigidas tanto a los operadores aeronáuticos Helitours S.A.S. y Helisur S.A.S. como a las autoridades locales. Entre ellas, se destaca la obligación del alcalde de Guatapé de verificar el cese de operaciones y garantizar el cumplimiento del traslado conforme a lo establecido por el tribunal.
Asimismo, se conformó un comité de verificación integrado por un magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, la promotora de la acción popular, funcionarios de Aerocivil, CORNARE, representantes de la comunidad y voceros de las empresas involucradas. Este comité tendrá la tarea de supervisar el cumplimiento de todas las disposiciones y reportar los avances de manera periódica.
El Consejo de Estado concluyó que la operación de los helipuertos no solo afectaba la vida cotidiana de las comunidades de veredas como La Piedra, El Trébol, Los Naranjos, El Morro y Balcones de San Juan, sino que tampoco cumplía con las normas ambientales y urbanísticas vigentes. La sentencia establece que el ruido de las aeronaves generaba un impacto negativo sostenido, alterando la tranquilidad y generando riesgos en materia de seguridad para la población.
En adelante, las empresas deberán iniciar el proceso de reubicación y la Aeronáutica Civil no podrá otorgar nuevas autorizaciones en la zona actual. De no cumplirse las órdenes en los plazos establecidos, el cierre definitivo de las operaciones quedará en firme.
