La empresa de salud Keralty celebró la decisión de la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención gubernamental a EPS Sanitas, medida que estuvo vigente durante 17 meses y que la compañía califica como una “persecución institucional injusta”.
El presidente de Keralty, Joseba Grajales Jiménez, describió el fallo como histórico y denunció que la intervención constituyó “una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”, generando abandono de pacientes, escasez de medicamentos y colapso de redes de atención.
La empresa le exige al Gobierno Nacional, incluyendo el cumplimiento inmediato e integral del fallo constitucional, reparación efectiva del daño causado a usuarios y prestadores, cumplimiento de pagos adeudados y cese definitivo de campañas de desinformación.
Grajales enfatizó que “no buscan venganza, pero sí justicia”, exigiendo que los responsables de la medida “rindan cuentas” ante los tribunales correspondientes por el daño que considera “en muchos casos irreparable”.
El manifiesto anuncia el regreso de la compañía con “la misma pasión por la salud, la ciencia y el espíritu de comunidad”, aunque advierte que la reconstrucción del sistema afectado requerirá “tiempo y esfuerzo titánico”.
