La crisis hospitalaria en Córdoba ha encendido alarmas en todos los frentes: pacientes sin acceso a medicamentos, cirugías suspendidas y más de 240 remisiones represadas. Frente a este panorama, el gobernador Erasmo Zuleta lanzó un llamado a la Superintendencia de Salud y a las EPS para que actúen de inmediato.
El drama no es solo estadístico, sino humano. La Personería de Montería denunció recientemente que los retrasos en remisiones ya derivaron en muertes, lo que refuerza la gravedad de la crisis. Pacientes y familias han denunciado públicamente la falta de citas oportunas y la precariedad de la atención, una situación que refleja el colapso financiero del sistema.
El secretario de Salud departamental, Javier Olea, confirmó que las deudas de las EPS superan los 1.3 billones de pesos, un lastre que impide la sostenibilidad de hospitales y clínicas. El gobernador, presente en la mesa de conciliación, aseguró que “si no fluyen los pagos, se afectará la prestación de los servicios y eso no lo podemos permitir”.
Organizaciones como Fenalco también han advertido que 23 clínicas privadas en Montería se encuentran en riesgo de cierre técnico. Para los gremios, la voluntad política del Gobierno departamental y la presencia de la Supersalud son pasos positivos, pero insuficientes frente a la urgencia de recursos inmediatos.
Con un plazo hasta el 21 de septiembre para conciliar y empezar los pagos, el departamento vive días decisivos.
