El Congreso de la República estableció límites claros a las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dentro del proyecto de ley de jurisdicción agraria, según revelaron los senadores Marcos Daniel Pineda y Alejandro Chacón, durante un foro realizado en Montería, Córdoba. Esta decisión busca evitar que la entidad concentre excesivo poder en la toma de decisiones sobre tierras.
Los legisladores aprobaron un texto que delimita el alcance de la ANT hasta la emisión del acto administrativo, dejando las controversias posteriores bajo control de jueces y tribunales especializados, explicó el senador Marcos Pineda, del Partido Conservador.
“La agencia nacional de tierra era un pulpo de mil cabezas que podía con todo. La ley de jurisdicción agraria pasó una línea de cal y dijo: hasta aquí. Hasta el acto administrativo que usted expide, de ahí para adelante nos resuelven los jueces y los tribunales, y eso nos da garantías”, afirmó Pineda.
Esta delimitación de competencias responde a preocupaciones expresadas por diversos sectores sobre la posibilidad de que la ANT adquiriera facultades excesivas que pudieran vulnerar derechos de propiedad. El senador liberal Alejandro Chacón también respaldó esta posición, destacando que el Congreso logró un consenso para proteger principios constitucionales.
La nueva jurisdicción agraria, que contará con aproximadamente 40 circuitos de jueces y entre 6 y 7 tribunales especializados, actuará como contrapeso a las decisiones administrativas, asegurando el derecho al debido proceso en los conflictos relacionados con la tierra.
Los senadores coincidieron en que esta delimitación de competencias ofrece mayor seguridad jurídica tanto para propietarios como para campesinos que reclaman derechos sobre predios rurales, al establecer una clara separación entre las funciones administrativas y judiciales.
El proyecto de ley, que ya fue aprobado en la Comisión Primera y avanza hacia las plenarias de Senado y Cámara, establece además garantías de doble instancia, con jueces agrarios en primera instancia y tribunales agrarios como segunda instancia, con cierre en la Corte Suprema o el Consejo de Estado según corresponda.
Pineda destacó que el texto aprobado en comisiones elimina varios aspectos problemáticos del proyecto original, como el principio de prevalencia al más débil, que según el senador podría haber generado inseguridad jurídica para los propietarios legítimos de tierras.
