Los problemas de conexión e interferencias técnicas obligaron este viernes a aplazar la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, en el proceso que investiga presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
La diligencia judicial, que se desarrollaba de manera virtual, fue reprogramada para el martes 3 de diciembre a las 8:00 a.m. y se realizará de forma presencial.
A pesar de las dificultades técnicas, la Fiscalía logró completar la imputación de cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, frente a los cuales la exfuncionaria se declaró inocente.
Según la investigación del ente acusador, Ortiz habría participado en una estrategia para desviar recursos de la contratación pública a través de la UNGRD. La Fiscalía señala que su actuación respondía a instrucciones de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
El ministerio público sostiene que González ordenó a Olmedo López Martínez adjudicar contratos por 60 mil millones de pesos, incluyendo asignaciones superiores a 10 mil millones para el presidente del Senado, Iván Name Vásquez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas.
Por su parte, días antes de la audiencia, la exconsejera Ortiz afirmó que el caso fue fabricado por funcionarios de la Presidencia para encubrir otros escándalos. “Tengo las pruebas. Hay gente en Presidencia que, desafortunadamente, por tapar otros escándalos, arman escándalos más grandes”, declaró la exfuncionaria, quien aseguró que presentará evidencias para respaldar sus afirmaciones.
La continuación de la audiencia el próximo martes determinará si se impone o no una medida de aseguramiento contra la exfuncionaria del gobierno Petro, mientras avanzan las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD.
