El Gobierno nacional presentó una reforma política que propone la financiación 100% estatal de las campañas electorales y nuevas reglas para la conformación de listas, tras su aprobación en segundo debate en la Cámara de Representantes. Esta iniciativa busca eliminar la influencia de recursos privados en la política y modificar el sistema de representación electoral.
La transformación del modelo de financiación emerge como el punto central de la reforma, estableciendo que el Estado asumirá todos los costos de las campañas políticas. Sin embargo, el proyecto aún no cuenta con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, generando interrogantes sobre las fuentes de financiación y los mecanismos de control para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.
La iniciativa también contempla la obligatoriedad de presentar listas cerradas para concejos, asambleas y Congreso a partir de 2030. Estas deberán seguir un formato paritario en cremallera, alternando candidatos hombre-mujer, y el orden se definirá mediante consultas internas en los partidos políticos.
El proyecto modifica el sistema de coaliciones, aumentando el umbral requerido del 15% al 30% de la votación anterior para su conformación. Este cambio podría afectar la dinámica de alianzas políticas y la representación de nuevas fuerzas en el escenario electoral.
Para la elección del Consejo Nacional Electoral, la reforma propone un sistema de convocatoria pública, eliminando la postulación directa por partidos. Los magistrados tendrán periodos de seis años y deberán cumplir requisitos de independencia política, incluyendo restricciones para ejercer cargos partidistas o de elección popular dos años antes y después de su gestión.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció la realización de mesas técnicas durante enero y febrero para buscar consensos antes de la segunda ronda del proyecto. La iniciativa deberá superar un total de ocho debates, incluyendo su próximo trámite en la Comisión Primera del Senado, donde requerirá construir nuevas mayorías para su aprobación.
Los sectores críticos cuestionan la viabilidad financiera del proyecto y su impacto en el surgimiento de nuevos liderazgos políticos. En su quinto debate, la reforma necesitará mayoría absoluta en la Cámara, superando los 90 votos obtenidos en esta etapa.
