La política pública de salud mental no debe circunscribirse solo al ámbito de la enfermedad, las acciones no se pueden limitar únicamente la intervención de los trastornos mentales; por eso tengo la clara convicción de que estas políticas deben trascender los imaginarios sociales y la estigmatización de personas y familias cuyos miembros presentan una afectación mental.
La salud mental históricamente ha sido relegada a un segundo plano en las políticas públicas de nuestro país, una dinámica que ha resultado en serias consecuencias lamentables tanto a nivel individual como colectivo. Durante mucho tiempo, las políticas públicas se han centrado en tratar los problemas de salud física, ignorando los padecimientos mentales que afectan a un porcentaje significativo de la población.
Las escasas inversiones en infraestructura y programas de salud mental reflejan una falta de prioridad que deja a muchas personas sin el apoyo necesario. Sin políticas integrales y los recursos necesarios, el país no logrará atender la creciente demanda de servicios de salud mental. Según la encuesta del Ministerio de Salud de la vigencia 2023, un 66,3% de los colombianos aseguró haber tenido problemas de salud mental en algún momento de su vida. Indicadores que dan cuenta de un mayor porcentaje entre las mujeres con el 69,9%, y en el rango de 18 a 24 años el 75,4%.
Para transformar esta situación, las regiones deben desarrollar políticas efectivas que incluyan la capacitación adecuada de profesionales en salud mental, el aumento de la sensibilización en comunidades y la eliminación del estigma a través de campañas educativas. Además, es necesario la puesta en marcha de un modelo de atención centrado en facilitar el acceso y promover la prevención temprana.
Durante mi periodo como alcalde de Montería, con mi equipo de trabajo, entendí la importancia de atender esta pandemia que nos dejó el Covid-19. De ahí que en Montería dimos un paso significativo con la puesta en marcha del Primer Comité Científico de Salud Mental del país y la implementación de iniciativas pioneras como la estrategia de Prevenir para Vivir Sanamente.
Establecimos un marco robusto para abordar estas necesidades, enfocando los esfuerzos en el cuidado, la prevención y la educación inclusiva, logrando cerrar el Gobierno de la Gente con cifras muy alentadoras, destacando la atención de más de 13.000 personas beneficiadas con charlas de promoción, prevención y educación. Así como más de 1.400 profesionales y estudiantes de la salud capacitados y la intervención en 18 instituciones educativas, en las que se impactaron más de 7.000 niños, niñas y jóvenes, se realizaron 3.400 tamizajes y se identificaron 903 alertas tempranas.
Hoy veo con ilusión y mucha satisfacción que nuestros esfuerzos abrieron el camino y han sido determinantes en este importante tema de salud pública. Me complace que la actual administración haya arropado nuestros esfuerzos para fortalecer el Comité Científico de Salud Mental y hacer que la estrategia Prevenir para Vivir Sanamente llegue a todas las instituciones educativas y las comunidades de la ciudad.
Haber puesto el primer grano de arena en el ámbito de la salud mental para los monterianos es motivo de gratitud, y la continuidad que se le está dando no solo se garantiza la sostenibilidad de nuestros esfuerzos, sino que también asegura que todos sigamos avanzando en una dirección que mejore el bienestar de los monterianos y que la ciudad hoy sea un ejemplo para el país.
Es crucial resaltar que la salud mental tiene un impacto profundo en diversos aspectos, incluyendo la educación y el desarrollo económico del país. Cuando los jóvenes y los niños cuentan con un adecuado apoyo en salud mental, no solo se mejora su rendimiento académico, sino que también se reduce la deserción escolar, fomentando una generación más preparada y resiliente. Una población mentalmente saludable es más capaz de contribuir positivamente a la economía por lo que invertir en salud mental no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también una estrategia inteligente para el desarrollo económico.
Estoy convencido de que, con compromiso y acción conjunta, podemos extender estos logros a cada rincón del país. La colaboración entre el gobierno, el sector privado, las instituciones educativas y la sociedad civil es crucial para crear un sistema robusto que responda efectivamente a las necesidades de salud mental de la población. Solo con un compromiso nacional unificado podemos asegurar el bienestar integral de nuestros ciudadanos y fortalecer el tejido social de Colombia.
