Judicial. La Policía Nacional de Colombia, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y el respaldo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), desarticuló una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de migrantes.
La operación culminó con la captura de nueve integrantes en diversos departamentos del país, incluyendo Nariño, Cauca, Huila, Santander, La Guajira y Atlántico.
La investigación, que comenzó en febrero de 2022, reveló que la organización se dedicaba al transporte irregular de migrantes, provenientes de Europa, Asia, África y las Antillas Mayores, a lo largo del territorio nacional colombiano.
La información proporcionada por agentes del HSI fue crucial para identificar una red transnacional con presencia en Colombia, especializada en el tráfico de migrantes hacia los Estados Unidos.
La organización, liderada por Carlos Alberto Coy García, alias “Pescuezo”, coordinaba el transporte de migrantes desde las fronteras con Ecuador, Venezuela y Brasil hasta Turbo y Necoclí (Antioquia). Desde allí, los migrantes eran dirigidos a través de la selva del Tapón del Darién hasta Panamá y, finalmente, a los Estados Unidos.
Se estima que al menos 294 personas fueron transportadas, y 54 lograron ingresar a territorio estadounidense de manera irregular.
Durante la investigación, se descubrió que algunos migrantes, especialmente de nacionalidad afgana, paquistaní y haitiana, presentaban cédulas de ciudadanía chilenas como documentos de identidad falsos para evadir controles migratorios.
La organización lucró más de 3.000 millones de pesos, realizando hasta cuatro viajes por semana. Cobraban entre 2.000 y 4.500 dólares americanos, dependiendo de la ruta y la nacionalidad del migrante. Además, los conductores de los vehículos utilizaban sistemas de identificación adulterados y exponían a los migrantes a riesgos y penurias, incluyendo viajes por trochas peligrosas y a altas horas de la noche.
Las medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo se aplicaron a 18 bienes, incluyendo establecimientos de comercio, vehículos y sociedades, avaluados en 2.367 millones de pesos. Todos los capturados enfrentan medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
