Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, contó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde continuará compareciendo después de una evaluación de sus contribuciones, cómo la estructura paramilitar establecía pagos mensuales a policías y militares por sus “colaboraciones”.
Los montos variaban según el rango y la función de los funcionarios, pero en general eran elevados: 200.000 pesos a policías, 500.000 pesos a cabos y sargentos, y un millón de pesos a oficiales.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP destacó su nivel de involucramiento y poder en la estructura paramilitar, influyendo en operaciones de la fuerza pública y siendo responsable de patrones de macrocriminalidad.
Estas revelaciones implican a miembros de la fuerza pública que actualmente enfrentan investigaciones o procesos legales por casos de falsos positivos. Mancuso, según los magistrados, actuaba como puente entre paramilitares y funcionarios del Estado, revelando operaciones y alianzas.
La JEP subrayó que Mancuso mantendrá sus garantías de libertad solo por los hechos relacionados con su incorporación a la fuerza pública. Los beneficios que recibirá, incluida la validación de la verdad, dependerán de la aprobación del juez.
En cuanto a sus aportes, la JEP reconoció su calidad después de un análisis riguroso. Mancuso reveló la cooptación del paramilitarismo en la fuerza pública y su papel como bisagra. La magistrada María del Pilar Valencia resaltó que sus declaraciones evidencian operaciones conjuntas y la influencia del paramilitarismo en la misión de la fuerza pública.
