La controversia entre la Cancillería de Colombia y la empresa Thomas Greg & Sons continúa después de que el ministro Álvaro Leyva declarara desierta la licitación para el servicio de elaboración y distribución de pasaportes en el país.
Como respuesta, Thomas Greg radicó una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría, marcando un paso previo a una posible demanda que podría tener un alto costo para la nación.
El motivo de esta solicitud se basa en que, al declararse desierta la licitación, la empresa argumenta que se generó un perjuicio a sus derechos económicos. Además, citan una constancia de la Procuraduría General de la Nación que advirtió sobre posibles daños antijurídicos al proponente debido a las acciones del Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores.
Entre las pretensiones de Thomas Greg se incluye la revocación de las resoluciones que declararon desierta la licitación, con el objetivo de que se le entregue el contrato valorado en aproximadamente 600.000 millones de pesos.
Si esta solicitud no se cumple, la empresa busca que el Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores pague una suma de 107.507 millones de pesos, correspondiente a las ganancias que habrían obtenido del contrato. Además, solicitan otros 10.000 millones de pesos por daño reputacional.
Es relevante destacar que, a pesar de la controversia, la empresa Thomas Greg finalmente recibió un contrato directo bajo la modalidad de urgencia manifiesta, lo que le permite continuar prestando el servicio por un año.
