En una declaración en la Plenaria del Senado, el congresista conservador Marcos Daniel Pineda García, expresó su profunda preocupación sobre un reciente decreto propuesto en Colombia que, según él, podría llevar a la expropiación de tierras y poner en riesgo la propiedad privada en el país.
Pineda García resaltó las nobles intenciones del Gobierno Nacional de mejorar las condiciones sociales en el sector rural mediante la entrega de tres millones de hectáreas de tierras para la reforma agraria. Sin embargo, subrayó que el decreto en cuestión presenta preocupantes “perlas” que podrían desencadenar problemas en lugar de soluciones.
“Quiero encender alarmas con un decreto borrador que el Ministerio de Agricultura tiene en su página web”, declaró el Senador Pineda García. Este decreto, según él, podría convertirse en un instrumento peligroso al permitir la expropiación y la extinción de dominio de manera expedita, lo que amenazaría los derechos de propiedad de los ciudadanos.
El Senador se refirió específicamente a dos aspectos preocupantes del decreto. En primer lugar, señaló que el Gobierno Nacional podría tener la autoridad para determinar qué predios son útiles y productivos, lo que daría lugar a la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras pueda retirar tierras de sus propietarios bajo el pretexto de falta de productividad. El Senador comparó este enfoque con políticas socialistas de otros países que han resultado en fracasos.
En sus propias palabras: “Este decreto, bajo el pretexto de promover la reforma agraria, podría abrir la puerta a un despojo administrativo de tierras en Colombia, vulnerando la propiedad privada y poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos.”
En segundo lugar, el Senador destacó que el decreto otorgaría a la Agencia Nacional de Tierras facultades de vigilancia y control sobre aspectos ambientales y tributarios de los campesinos propietarios. El Senador argumentó que esto excede las competencias de la agencia y podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias y abusos.
El Senador concluyó su declaración haciendo un llamado a la entrega de tierras de manera planificada y ordenada, respetando los derechos fundamentales y las libertades económicas consagradas en la Constitución Política de Colombia.
