Córdoba. Después de concluir la segunda sesión del Plan de Mando Unificado (PMU) por la Vida, que se instaló en Córdoba recientemente y donde se priorizó como municipios piloto a Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Montelíbano y Valencia, se establecieron algunos compromisos de prevención para evitar acciones contra los líderes y lideresas amenazados.
Así lo informó el secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba, Jairo Baquero Puentes, quien manifestó además que la sociedad civil había solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ajustar algunos procedimientos referentes al arreglo de los vehículos en los que se desplazan en sus zonas y el suministro de combustible.
Trascendió que, en el marco de la intervención, donde participaron defensores y organizaciones de los DDHH del orden nacional e internacional, así como los firmantes del acuerdo de paz, entre otros miembros de la sociedad civil, Baquero Puentes lamentó el asesinato del periodista y líder de Puerto Libertador, Rafael Moreno, ocurrido el pasado domingo en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba.
Por su parte, la subdirección Nacional de la UNP les comunicó que se hará un Comité de Evaluación y Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) de carácter Nacional en Montería el próximo 4 de noviembre, con el fin de escuchar sus inquietudes y dar solución a las mismas de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad.
El CERREM es el órgano colegiado articulado por el Ministerio del Interior, donde se analizan los casos para adoptar medidas de protección a quienes se presume han sido amenazados.
