A partir de hoy entró a regir la Ley de Garantías que tiene como finalidad igualar las condiciones de los procesos electorales, promoviendo la transparencia de los recursos públicos, prohibiendo la de contratación directa, sin embargo, los datos más recientes de Colombia Compra Eficiente, hasta el 27 de enero, se habían celebrado más de 270.000 contratos.
Cabe recordar que a la Ley de Garantías se le hizo una modificación que permite la suscripción y celebración de convenios interadministrativos con entidades territoriales para programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General, con la supervisión especial de la Contraloría, durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial.
Al respecto, Julio José Orozco, abogado, analista y arbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, explicó que “con ocasión de los graves efectos económicos que ha ocasionado la pandemia es natural que se le diera un poco de oxígeno a esa metodología que tienen las entidades de colaborarse entre ellas, es decir, de celebrar convenios interadministrativos que no es otra cosa que contratos estatales, pero entre entidades del Estado”.
Agregó que “esa fue una modificación oportuna que permite un margen más sensato al Estado para enfrentar los efectos económicos que la pandemia, sobre todo en sus finanzas, le ocasionó. Por ahora, ninguna autoridad nacional a nivel judicial ha interpuesto alguna talanquera a esa prórroga que oportunamente el Gobierno y el Congreso trajeron a colación”, agregó.
Del mismo modo, frente al aumento de corrupción en el país, pidió que confiaran en los entes de control, es decir, la Contraloría, la Procuraduría, Fiscalía y las oficinas de control interno de cada ente, para controlar los procesos de contratación.
