La problemática de derechos humanos en las prisiones se extendió a los centros de detención transitoria, donde en el caso de Bogotá la sobrepoblación supera el 100 por ciento. Frente a la preocupación que representa la delicada situación de derechos humanos en las prisiones del país, la Defensoría del Pueblo a través de su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, elaboró un diagnóstico sobre la problemática en los 10 centros de reclusión con mayor índice de hacinamiento en el territorio nacional.
1.Cárcel de Riohacha: el primer lugar lo ocupa el establecimiento penitenciario de mediana seguridad en Riohacha, donde no obstante la capacidad para 100 internos, hay una población de 578 para un hacinamiento del 478 por ciento. La planta eléctrica en ese penal fue instalada hace más de 20 años, se encuentra deteriorada y la caga se ha triplicado, traduciéndose en un elevado nivel de riesgo para corto circuito. A ello se suma que las duchas, albercas e inodoros permanecen en condiciones deplorables, motivo por el cual la atmósfera es completamente adversa en materia de salubridad, circunstancia que se agrava con el suministro de agua, que sólo se provee ente las 5 y las 7 de la mañana, y de 2 a 4 de la tarde. Adicionalmente, sólo hay un profesional de la salud que presta sus servicios 4 horas de lunes a viernes, observándose un alto represamiento en las citas con especialistas.
2. Cárcel de Santa Marta: es la segunda cárcel con mayor hacinamiento en el país, con una capacidad para 312 internos y una población de 1.393, con un índice superior al 346 por ciento. Allí la edificación cumple más de 70 años, hay un solo pabellón dividido en pasillos, la estructura física está deteriorada en un 100 por ciento y ya hubo un corto circuito el pasado 17 de julio.
3. Cárcel de Magangué: está ubicada en el departamento de Bolívar y a pesar de tener capacidad para 56 internos alberga a 249 reclusos, lo que se traduce en un hacinamiento del 344 por ciento. En este lugar son evidentes las fallas en las cubiertas; la enfermería, los talleres, el rancho y algunos pasillos de la Unidad de Tratamiento Especial son usados como dormitorios, llegando incluso a habilitar algunos baños como celdas, teniendo los internos que secar el piso de las duchas para acomodar sus colchonetas en la noche. En este sitio hay ventiladores sin caparazón, colgando colgando de las rejas de las puertas y ventanas. El servicio médico se presta externamente, pues no hay contrato con Caprecom y las demoras en temas urgentes y cirugías son hasta de 1 año.
4. Cárcel de Valledupar: con capacidad para 256 reclusos y una población de 954, para un hacinamiento del 273 por ciento, no cuenta con un sistema adecuado de acueducto que permita el acceso al servicio en todas las torres de manera constante. Se evidencia que por la manera como están concebidas las habitaciones conyugales, se viola el derecho a la intimidad, el piso está inundado en varios sectores y existen más de 300 tutelas represadas por falta de autorización en las órdenes médicas.
5. Cárcel de Villahermosa: ubicada en Cali, tiene capacidad para 1.667 internos pero cuenta con 6.128, es decir que el hacinamiento es del 267 por ciento. Allí las condiciones de humedad son notorias, el promedio es de una ducha y un sanitario por cada 200 reclusos, hay fallas evidentes en el suministro de medicamentos y los 75 internos de la Unidad de Salud Mental, que debieron ser trasladados a Jamundí, solo reciben visita siquiátrica cada 30 días en jornadas de medio tiempo.
6. Cárcel de Caloto: el establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Caloto, en el Cauca, tiene capacidad para 48 internos pero cuenta con 164, para una sobrepoblación del 242 por ciento. Este penal, que acusa el paso del tiempo, no cuenta con red hospitalaria externa para la atención de los reclusos.
7. Cárcel La Paz de Itagüí: con capacidad para 328 personas y una ocupación de 966, alcanza un hacinamiento del 194 por ciento y carece de personal médico suficiente para la atención de los internos.
8. Cárcel El Bosque de Barranquilla: aunque tiene capacidad para 640 reclusos, actualmente la habitan 1.768, con un hacinamiento del 176 por ciento, sigue presentando serias dificultades para los derechos humanos de los internos. El 31 de octubre falleció uno de ellos por un cuadro de varicela, que al parecer no fue tratado oportunamente; lo que más preocupa es que habría otros dos internos y dos miembros del cuerpo de custodia afectados por el virus, que amenaza con propagarse en medio de unas condiciones de infraestructura inadecuadas, como lo demostró el grave incendio ocurrido a comienzos de este año.
9. Cárcel Villa Inés de Apartadó: allí, la capacidad es para albergar a 296 personas pero actualmente permanecen 797 reclusos y el hacinamiento llega al 169 por ciento; es evidente la proliferación de roedores e insectos, convirtiéndose en foco de enfermedades y obligando a constantes procesos de fumigación que deterioran aún más la salud de los internos. A 31 de agosto de este año, había 148 citas médicas pendientes con especialista, y otras 100 con médico general y por procedimientos de rayos X, represadas.
10. Cárcel Anayancy de Quibdó: donde la capacidad es para 286 reclusos pero conviven 721 y el hacinamiento es del 152 por ciento, presenta un alto riesgo de incendio y corto circuito pues el cableado está expuesto y en pésimas condiciones; la Unidad de Tratamiento Especial solo cuenta con dos celdas carentes de iluminación, y a sus ocupantes sólo se les permite tomar el sol 15 minutos de lunes a jueves y una hora los viernes, limitando las posibilidades de recuperación. El pasado 10 de Julio, la Defensoría instauró una acción de tutela para proteger los derechos a la salud, la vida y la integridad humana en ese penal, y el 10 de septiembre la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó la implementación de un plan integral para asegurar la asistencia médica de los reclusos. Cabe anotar que la regional norte del Inpec, la cual cobija a Bolívar, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre y San Andrés, no cuenta con ningún centro de reclusión de carácter nacional para la población femenina, que aunque representan un 7 por ciento del total de internos en el país, en la Costa Caribe sufren un hacinamiento del 244 por ciento, pues frente a una capacidad para 188 mujeres, la ocupación es de 459, siendo este índice 5 veces superior a la media nacional. Lamentablemente, la operación reglamento en el Inpec y el paro judicial, han complicado esta grave problemática de derechos humanos en las cárceles, y la han extendido con preocupantes consecuencias a los centros de detención transitoria, que en el caso de Bogotá fueron visitados por la Defensoría del Pueblo el fin de semana, evidenciando que tanto en las URI como en las estaciones de Policía, el hacinamiento es superior al 100 por ciento. Ante ese panorama, el defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, se reunió este lunes con funcionarios del Alto Gobierno en la Presidencia de la República, donde se dieron a conocer avances de cara a la solución de estos inconvenientes, que han significado la suspensión de más de 30 mil audiencias a nivel nacional, así como la parálisis de reseñas y remisiones, en perjuicio de los derechos humanos.
