EUROPA PRESS
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU ha alertado en su último informe de que la desigualdad económica, social y cultural hacia la mujer ha contribuido a que la región cuente con unas elevadas tasas tanto de discriminación y malos tratos como de feminicidio.
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) ha hecho balance durante un encuentro celebrado en México sobre estadísticas de género y ha expuesto parte de los datos que hacen de la región una de las más violentas del mundo para las mujeres.
En Colombia, 88 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas el año pasado, lo que le convierte en el país con más víctimas por encima de Perú (83), República Dominicana (71), El Salvador (46), Chile (40), Uruguay (25), Paraguay (20) y Guatemala (17), si bien la organización ha admitido que la ausencia o dispersión de estadísticas complica la elaboración de un balance completo.
Un 63 por ciento de las mujeres mexicanas han reconocido haber sufrido algún incidente de violencia, algo que también han confesado un 60 por ciento de las ecuatorianas. Estos datos incluyen no sólo a agresiones cometidas por parejas o exparejas, sino también por cualquier otra persona.
Sin embargo, el OIG ha reconocido que los abusos se producen principalmente entre quienes o han tenido en algún momento una relación sentimental. Los datos alcanzan en este caso el 48,7 por ciento en Ecuador, el 47 por ciento en México y el 45,4 por ciento en Uruguay, según un comunicado de la CEPAL.
La situación es especialmente crítica entre las mujeres indígenas y afrodescendientes, sobre las que apenas existe información fiable. Los datos recabados por el OIG sitúan en el 38 por ciento el nivel de indígenas que han sufrido violencia física o sexual a manos de su pareja en Ecuador o Perú, mientras que en Guatemala y Paraguay los datos son del 24 y el 20 por ciento, respectivamente.
No basta con leyes
Once países de la región ya han incluido dentro de sus legislaciones el feminicidio como delito específico: Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Otros tres –Argentina, Colombia y Venezuela– lo consideran un agravante para el delito de homicidio.
La CEPAL ha advertido de que los cambios normativos no bastan, toda vez que no se aplican políticas públicas eficaces. Así, las medidas aprobadas sólo contemplan castigos contra el agresor y no entran a atajar los distintos factores que entran en juego en un caso de violencia, como por ejemplo la desigualdad.
En 2010, un 32,7 por ciento de las mujeres carecían de ingresos en América Latina y el Caribe, 20 puntos más que la proporción de hombres en la misma situación.
El organismo de la ONU ha abogado por avanzar en la igualdad laborar y por fomentar un sistema “integral” de atención, “capaz de articular las políticas sociales con las respuestas judiciales”. Para mejorar de cara al futuro, también ha pedido mecanismos “transparentes, periódicos y profesionales” de evaluación de la situación.
