Mientras la seguridad y la economía dominan la campaña presidencial, la vivienda emerge como uno de los temas con mayor impacto sobre el crecimiento económico, el empleo y la calidad de vida.
Sin embargo, detrás de las propuestas de los candidatos también aparecen interrogantes sobre su viabilidad financiera y operativa.
El debate ocurre en un momento contradictorio para el sector. Por un lado, Camacol proyecta que las ventas de vivienda podrían crecer entre 5 % y 12 % en 2026 y que los inicios de obra volverían a terreno positivo.
Por otro, la inversión pública nacional en vivienda cayó 35,7 % en el Presupuesto General de la Nación para 2026, el nivel más bajo en casi dos décadas.
A esto se suma una realidad estructural, Colombia sigue produciendo menos viviendas de las que demanda la formación de nuevos hogares, mientras persisten problemas de acceso al crédito, altos costos de construcción, déficit habitacional y dificultades para habilitar suelo urbano.
En ese contexto, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ofrecen respuestas muy diferentes.
La apuesta de Cepeda gira alrededor de la financiación de vivienda nueva, la autoconstrucción como política de Estado, la reutilización de edificaciones abandonadas y una reforma urbana orientada a garantizar el derecho al hábitat.
Su diagnóstico es que el problema central es la exclusión urbana y la insuficiente oferta de vivienda digna para sectores populares y jóvenes.
Sin embargo, expertos del sector advierten que una estrategia basada en expansión de programas públicos de vivienda enfrentaría un desafío fiscal considerable.
La reducción de recursos nacionales para vivienda y las restricciones presupuestales del próximo gobierno obligarían a definir de dónde saldrían los recursos para financiar nuevas soluciones habitacionales a gran escala.
Además, la autoconstrucción ha mostrado resultados positivos en programas de mejoramiento barrial, pero requiere asistencia técnica, supervisión urbanística y acceso a suelo legalizado, factores que históricamente han limitado su expansión masiva.
Del otro lado, Abelardo de la Espriella plantea el programa “País de Propietarios”, con créditos hipotecarios al 2 % y plazos de hasta 30 años. La propuesta apunta directamente a uno de los mayores problemas actuales: el acceso al financiamiento.
No obstante, el principal cuestionamiento es financiero, especialmente en un mercado donde las tasas hipotecarias están varias veces por encima de ese nivel, una reducción hasta el 2 % exigiría subsidios estatales masivos, garantías públicas o mecanismos especiales de fondeo que el programa aún no explica. Sin ese respaldo, difícilmente el sistema financiero podría prestar a esas condiciones de manera sostenible.
Paradójicamente, ambas propuestas atacan problemas reales, pero ninguna parece resolver por sí sola los cuellos de botella del sector. Cepeda aborda la oferta y el acceso al suelo; De la Espriella, el crédito y la demanda.
El reto para el próximo gobierno será combinar ambas dimensiones en un contexto de estrechez fiscal, aumento de costos de construcción y tensiones regulatorias que incluso han llevado al sector a advertir riesgos para más de 130.000 viviendas VIS en desarrollo.
La pregunta de fondo para los electores no es cuál propuesta suena mejor, sino cuál tiene una ruta clara de financiación, ejecución y sostenibilidad. En vivienda, como en pocos sectores, la diferencia entre una promesa atractiva y una política pública efectiva suele medirse en miles de hogares que, logran o no, acceder a una casa propia.
