Por primera vez en casi una década, trabajadores venezolanos marcharon este jueves por el centro de Caracas para exigir un salario mínimo real, en una jornada histórica que habría sido impensable meses atrás cuando los colectivos chavistas disuadían cualquier protesta y la mayoría de los sindicalistas permanecían presos.
La movilización, convocada por sindicatos sobrevivientes del aparato represivo del régimen, reunió a docentes, empleados públicos, personal administrativo, jubilados y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela.
Los manifestantes rompieron el cordón de seguridad instalado por la Policía Nacional, comandada por Diosdado Cabello en su rol como ministro del Interior, y avanzaron hasta la Asamblea Nacional, donde una comisión entregó un pliego de peticiones.
La exigencia central es contundente: el salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares desde 2022, equivalente a menos de 29 centavos de dólar mensuales, mientras la canasta básica alimentaria supera los 400 dólares. La brecha entre ambas cifras resume décadas de deterioro económico.
Lo que hace histórica esta jornada no es solo la marcha sino lo que representa: la desactivación progresiva de los mecanismos de represión que durante años silenciaron a la clase trabajadora venezolana, incluyendo la Ley del Odio que prohibía las manifestaciones públicas.
