La Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió un comunicado dirigido a todo su personal de protección, tanto funcionarios de planta como vinculados a través de operadores, en el que les recordó sus obligaciones legales y constitucionales de cara al proceso electoral del 8 de marzo y fechas posteriores de 2026.
La entidad fue enfática en señalar que los esquemas de protección tienen como finalidad exclusiva la salvaguarda de la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de los beneficiarios del Programa de Prevención y Protección, y que en ningún caso pueden ser utilizados para favorecer actividades de carácter proselitista o ajenas a ese objeto misional.
El comunicado cobra especial relevancia en el contexto del caso registrado en La Guajira, donde un escolta adscrito a la UNP fue capturado transportando $145 millones en efectivo junto con propaganda política de un candidato al Senado, en un operativo por presunta compra de votos.
La UNP recordó expresamente que los vehículos del esquema de protección no deben utilizarse para transportar personal ajeno al esquema, elementos o materiales no autorizados, ni para ninguna actividad diferente a la protección del beneficiario. El incumplimiento de estas disposiciones, advirtió la entidad, dará lugar a acciones disciplinarias, contractuales y penales.
Asimismo, la UNP instruyó a su personal sobre el deber constitucional y legal de denunciar cualquier actuación ilícita de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
